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Muchas veces sentimos la tentación de hablar de fútbol o de toros, o de lo que pinte, pero los acontecimientos cotidianos nos llevan siempre a lo mismo. A la asquerosa política. Y no somos entendidos en ella, dios nos libre entender de eso. Al menos no lo somos más que usted, que usted y usted, los ciudadanos de a pie. Lo que aquí hacemos no es más que dar nuestra profana y humilde opinión sobre la actualidad y convertirnos, de esta forma y sin pretenderlo, en portavoces del sentir de algunos. Evidentemente no de todos. Pues bien, se preguntarán ustedes el por qué de este preámbulo y Duke les dirá que cuando uno piensa que lo sucio de esa política, a la que hemos llamado asquerosa, está solamente fuera de nuestras fronteras, allende Pajares, vienen tres altos cargos del Principado y lo joden.

Cándidamente, algunos creían que la corrupción era solo patrimonio de personajes como Roldán, Vera, Rubio y otros que en aquella época, hace casi dos décadas, metieron la mano en la saca y, aunque muchos terminaron en prisión, no habiendo devuelto nada ahora gozan de una jubilación de lujo merced al saqueo de las arcas públicas. Pero quienes eso creían se han ido dando cuenta que ese afán de rapiña ha llegado a todos los rincones de las administraciones de todos los puntos de la geografía nacional, de manera que, hoy día, la política es una profesión bajo sospecha. Un amigo funcionario me decía que si cerramos los ojos y al azar apuntamos con el dedo en el mapa daremos, con seguridad, con un lugar donde existe corrupción. Pero la cuestión no solo afecta a los altos cargos políticos, sino que se ha trasmitido también a muchos funcionarios que, viendo el panorama y la impunidad con la que otros actúan, piensan que ellos no van a ser los tontos y se suman al carro del saqueo, de las comisiones ilícitas, de las licencias interesadas, de la sociedades interpuestas y, en definitiva, del latrocinio más descarado. Ahí tenemos el ejemplo, en dos funcionarias de la administración del Principado.

Al margen de la propia, de la responsabilidad penal y civil que en su momento sentencie el juez, existen culpas y responsabilidades de aquellos que los han puesto ahí. La culpa “in eligendo” y la culpa “in vigilando” se utilizan en el ámbito del Derecho para describir la responsabilidad civil de los patrones con respecto al comportamiento culpable o negligente de sus empleados cuando estos causan daños a terceras personas. Y este es el caso. No basta con afirmar, como lo ha hecho la consejera de Presidencia, que fue ella quien puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía. Se requiere también un signo de voluntad. La dimisión o el cese. Lo mismo que para quien colocó ahí a su amigo en el cargo más visible y lo mantuvo en él durante tres mandatos. El Presidente y la Consejera deberían de dimitir inmediatamente. Sería la única forma de devolver la confianza a los ciudadanos, empezar a hacer limpieza e impedir que sigamos mezclando a los malos con los buenos. Con los que no han querido contaminarse.

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